La participación amplia de actores para superar el enfoque formal de la evaluación de la educación superior y apuntar a las soluciones.

Por Eduardo Laterza, Teresita Solis y Yeny Villalba (Equipo 6)

Partiendo del concepto de la educación, como proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, planteamos en el presente trabajo las principales problemáticas detectadas en el modelo de educación superior en el Paraguay.

Tomando en consideración que la educación trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y como garantía para todas las personas, estableciendo las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo , nos referimos a algunos aspectos seleccionados en torno a las experiencias recogidas en el proceso enseñanza aprendizaje, en nuestro país.

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de los fines de la educación superior, que forma parte del sistema educativo nacional, según lo establece la Ley General de Educación Nº 1264, promulgada en julio de 1998, que en su artículo 53 prescribe: “Las universidades públicas y privadas, así como las instituciones superiores de enseñanza, son partes del Sistema Nacional de Educación”.

Sin embargo las universidades tienen un régimen de autonomía para establecer su órgano de gobierno y estructura académica. El Ministerio de Educación y Cultura está encargado de la política educativa y de la supervisión y control de las instituciones de educación, excepto de las universidades, que se hallan regidas por el Consejo de Universidades.

La Ley Nº 136/93 crea el Consejo de Universidades, órgano rector del sistema universitario paraguayo, en el que, a través de sus Rectores, se hallan representadas todas las universidades, privadas y públicas, habilitadas en el país. Al Consejo de Universidades le compete, entre otras cosas, la formulación de la política de Educación Superior; la coordinación y evaluación de las actividades universitarias en el orden nacional; así como dictaminar respecto a la aprobación de los Estatutos, la autorización del funcionamiento de nuevas universidades y establecer los grados académicos, como licenciado, magíster, ingeniero, doctor u otros, que serán títulos universitarios.

Además, aprobar la creación de nuevas unidades académicas o carreras en instituciones universitarias ya habilitadas. La creación de Universidades e Institutos Superiores se realiza por Ley de la República, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional y la estructura planteada reviste aún necesidades de fortalecimiento. Se detectaron inconvenientes sustantivos respecto a la proliferación de carreras sin un adecuado seguimiento ni evaluación. A raíz de detonantes que salieron a la luz pública, como denuncias de emisión de certificaciones de educación superior sin el control de las horas mínimas y los contenidos curriculares desarrollados, la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), tomaron una mayor visibilidad política acerca de las principales falencias del modelo de educación superior y el inicio de una profunda revisión de las prácticas, con sentido de crítica profunda, para ver hacia dónde apunta la educación superior.

En cuanto al método y proceso de evaluación planteado en la estructura de la educación superior en sí mismo, cuenta con tópicos de evaluación con enfoque de auditoria documental, principalmente, sin contar aun con un análisis de cuál es o a dónde apunta la incidencia social de la educación superior sobre las estructuras de injusticia social y exclusión que el modelo de Estado paraguayo sigue repitiendo.

Se requiere de un modelo que apunte a que los principales problemas sociales y políticos sean solucionados, y estos problemas se analizan y se diagnostican para su solución desde las universidades; desde este ámbito, lejos aún de una evaluación amplia, democrática e inclusiva. La evaluación de la educación superior no debe provenir sólo del mismo sistema de educación superior, sino abrirse a la amplia participación de actores sociales en la evaluación de la educación superior, y el componente social de evaluación para determinar si ésta persigue o llega realmente a la concreción o al menos a visibilizar identificando si la educación superior está tratando. Los principales administradores de los bienes públicos están al mando de las universidades.

Administrativamente y políticamente quienes guían el aprendizaje, estructuras que dejan repetir o repiten modelos de injusticia social y gestión de políticas públicas obsoletas, son quienes enseñan o guían a las soluciones. Estamos enseñando a qué soluciones lograr o a cómo no seguir haciéndolo. El mínimo destino de los fondos públicos que de manera ascendente debe enfocarse en la inversión social a la educación y la investigación, y las dudas de saber a dónde vamos como educación superior, se encuentra debilitado y nos permite ver sobre las evidencias que persisten como problemas políticos y sociales de larga data, y algunos de ellos, como la distribución inequitativa de la tierra, la falta de ética en el desempeño profesional, el abuso de los bienes públicos, la corrupción y la ausencia de modelos de inclusión para todos, siguen siendo una constante.

Igualmente, la exclusión de derechos de docentes como la seguridad social, los servicios públicos para todos que permitan un retiro digno a quienes dan toda su vida para la educación, sobre un modelo de explotación social a los docentes será imposible avanzar a la educación con sus fines de desarrollo integral y de respeto de la dignidad humana. Los problemas estructurales persisten, porque las soluciones claves no se han dado en el ámbito universitario y esto no pasa por mejorar el nivel orgánico de la agencia de acreditación o de llenar más ítems de revisión documental tipo auditoría a los procesos de enseñanza aprendizaje de la educación superior, el desafío se construye desde todas las voces y aunque lleve mayor tiempo encontrar las posibles soluciones, la clave será en la participación de todos los involucrados, más allá de una participación formal exclusiva del ámbito universitario, en una participación activa y empoderada en el debate, colaborativa y de reconocimiento a los aportes en todos los niveles de actores sociales y políticos.

No puede seguir evaluándose desde los mismos integrantes de la educación superior, la evaluación debe ampliarse a amplios sectores de la sociedad, aunque reviste de una complejidad metodológica real, valdrá la pena intentar evaluarnos de manera diferente, si queremos cambiar las cosas o si apuntamos a que desde ahora en más busquemos cómo solucionar los problemas del país, más allá de ser sólo un problema más de todos ellos. 

Fotografía de entrada: Ultimahora.com